El colapso del correísmo: Ecuador eligió libertad y futuro

 

Durante las últimas décadas, gran parte de América Latina fue escenario de la hegemonía de gobiernos de izquierda radical, cimentados en promesas populistas, discursos engañosos y manipulación emocional sistemática. Estos regímenes, lejos de promover la justicia social prometida, impusieron prácticas autoritarias, corrupción generalizada y coerción disfrazada de participación ciudadana. Sin embargo, parece haber llegado el momento en que este guion ya no convence a las sociedades latinoamericanas. En países como Argentina y Ecuador, las urnas están expresando claramente un rechazo contundente hacia este tipo de políticas.

En Ecuador, el mensaje del pueblo fue rotundo. La elección presidencial del 13 de abril de 2025 dio una clara victoria a Daniel Noboa, quien superó por aproximadamente un 11% a su rival, Luisa González, representante de la izquierda progresista vinculada al correísmo. Este resultado no fue producto del azar ni de campañas efímeras, sino una respuesta deliberada de los ciudadanos que optaron por romper con un pasado marcado por discursos polarizantes y corrupción política.

La campaña de Noboa estuvo enfocada en atender dos grandes preocupaciones nacionales: la inseguridad ciudadana y el narcoterrorismo. Presentó propuestas concretas para fortalecer las fuerzas de seguridad, recuperar territorios dominados por la delincuencia organizada y restaurar la paz social. Además, ofreció un plan económico orientado a ordenar las finanzas públicas, atraer inversiones, generar empleo y responder ágilmente ante situaciones de crisis, como evidenció durante las recientes inundaciones que afectaron al país.

En contraste, el correísmo sufrió una debacle política, resultado de múltiples errores estratégicos. Se mantuvo en una narrativa divisiva con propuestas controvertidas como los cuestionados "gestores de paz" y especulaciones sobre la desdolarización, que representaba un suicidio económico para Ecuador. Las filtraciones recientes de chats que revelaron prácticas corruptas y manejos poco transparentes profundizaron aún más la crisis interna de este movimiento.

Este colapso no solo fue evidente en las urnas presidenciales, sino también en la Asamblea Nacional, donde el correísmo perdió fuerza política al quedar reducido a 66 legisladores tras la salida de la asambleísta Mónica Salazar. La fractura de su discurso unificado del pasado simboliza la decadencia irreversible del modelo político representado por Rafael Correa.

Hoy, Ecuador avanza hacia una nueva etapa. Atrás quedan las promesas incumplidas y los liderazgos mesiánicos. La sociedad ecuatoriana mira hacia adelante con optimismo y exigencia, consciente de que la política debe servir como herramienta para construir una nación más libre y próspera. Este cambio podría también marcar un precedente para otros países como Colombia y Chile, cuyos gobernantes de izquierda enfrentan críticas crecientes por acciones cuestionables que podrían acelerar el fin del dominio ideológico de izquierda en la región.

Este fenómeno de declive no es exclusivo de Ecuador. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una marcada caída en su aprobación popular debido a controversias políticas internas y la ineficacia en la implementación de sus políticas. En Chile, el presidente Gabriel Boric experimenta un descenso similar en la popularidad, derivado de la insatisfacción social por su gestión económica y social. Asimismo, Argentina expresa un claro rechazo electoral hacia las políticas kirchneristas que siguen tratando de torpedear al gobierno liberal del presidente Javier Milei, y Brasil muestra señales claras de cambio con derrotas locales significativas para el Partido de los Trabajadores. Estos casos confirman que América Latina está en un proceso de transición política hacia opciones más pragmáticas y alejadas de las prácticas que caracterizaron a la izquierda radical en las últimas décadas. El tiempo dirá si esta transformación se consolida o queda en mera esperanza.

Por: Econ. Luis Cedillo-Chalaco, MSc.

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La Imputación de Menger a propósito del levantamiento del Cepo en Argentina

 

Cuando hablamos del valor económico de los bienes que consumimos diariamente, es frecuente pensar en términos de costos: cuánto cuesta producirlos, cuánto tiempo y esfuerzo se invirtió en ellos, y cuáles fueron los recursos utilizados. Sin embargo, Carl Menger, uno de los grandes economistas del siglo XIX y fundador de la Escuela Austriaca, nos ofrece una visión completamente distinta y revolucionaria sobre este tema.

En su teoría de la imputación, Menger explica que el valor de cualquier bien económico no está determinado por sus costos de producción, sino por la utilidad que los consumidores le atribuyen. En otras palabras, son las preferencias y decisiones del consumidor las que otorgan valor real a los productos y, por extensión, a los recursos utilizados para producirlos.

Para entender mejor esta idea, pensemos en un sencillo ejemplo cotidiano: una taza de café. El valor económico de esa taza no está dado únicamente por el café molido, el agua caliente o la mano de obra que la prepara. Su valor proviene del deseo del consumidor, quien aprecia esa taza porque satisface una necesidad o deseo específico, como mantenerse alerta, disfrutar de un momento de relajación o simplemente saborear una buena bebida.

Así, Menger argumenta que el valor fluye del bien final hacia atrás, hacia todos los factores que contribuyeron en su producción. Esto significa que los recursos empleados, como los granos de café, el trabajo del barista, la maquinaria utilizada e incluso el local donde se sirve el café, obtienen su valor derivado, no de forma intrínseca, sino a partir del valor asignado por los consumidores al producto final.

¿Por qué esto es importante? Porque cambia radicalmente la forma en que entendemos la economía y los procesos productivos. Tradicionalmente, economistas clásicos como Karl Marx sostenían que el valor provenía del trabajo invertido en la producción. Bajo este enfoque, los costos y el esfuerzo determinaban el precio. Pero la visión de Menger rompe con esta lógica, colocando al consumidor como el actor central del mercado.

Este enfoque de Menger ayuda a explicar fenómenos económicos muy comunes. Por ejemplo, ¿por qué algunas materias primas incrementan su valor considerablemente cuando se descubre un nuevo uso o aplicación tecnológica? Sencillamente porque los consumidores comienzan a valorarlas más, aumentando así la demanda y elevando su precio. Un recurso antes considerado poco valioso puede convertirse rápidamente en esencial debido a las nuevas necesidades y preferencias de las personas.

De esta manera, el principio de imputación nos permite entender también cómo funciona el mercado laboral. El salario de un trabajador no solo refleja el esfuerzo físico o mental, sino también la valoración que los consumidores otorgan al producto o servicio que dicho trabajador ayuda a crear. Un diseñador gráfico puede tener ingresos más altos si el mercado valora altamente sus creaciones, mientras que otro con iguales capacidades podría ganar menos si sus diseños no son considerados valiosos por los consumidores.

Menger nos enseña que comprender la economía es mucho más que observar costos y cifras; se trata de entender profundamente las preferencias humanas. Este enfoque no solo explica mejor la realidad económica cotidiana, sino que también proporciona herramientas útiles para los empresarios, quienes pueden anticiparse mejor a las demandas del mercado, y para los responsables políticos, quienes pueden desarrollar políticas económicas más alineadas con las verdaderas necesidades y deseos de la población.

La teoría de la imputación no es solo un concepto académico; es una realidad práctica y cotidiana. En definitiva, Carl Menger nos dejó un legado invaluable que redefine el papel central del consumidor y sus preferencias en la economía.

Deja tu comentario ante la pregunta: ¿Las empresas privadas consideran la imputación de Menger o ponen sus precios basados en costos?

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Vecinos vigilantes: el rostro civil del autoritarismo socialista

Los regímenes autoritarios, especialmente aquellos de corte socialista y populista, han perfeccionado una herramienta de control social tan efectiva como perversa: la creación de grupos civiles armados o parapoliciales que operan al margen de la ley para sofocar la disidencia. Este sistema —que fusiona la intimidación vecinal con la violencia callejera— no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en América Latina como parte del arsenal de regímenes que temen al pensamiento libre.

Cuba: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)

Establecidos en 1960, los CDR son el ejemplo más claro de una red de espionaje ciudadano institucionalizada. Su propósito declarado es “proteger los logros de la revolución”, pero en la práctica funcionan como órganos de delación, acoso y represión barrial. Cada cuadra tiene su célula, cada ciudadano crítico es monitoreado, y la sospecha se convierte en sentencia sin juicio. El precio de disentir en Cuba no lo impone un tribunal, lo ejecuta tu propio vecino y casi siempre termina siendo apresado el que intentar expresarse contra el hambre y el autoritarismo cubano del partido único.

Venezuela: colectivos motorizados y leales al chavismo

En el país de Bolívar, los colectivos motorizados son bandas armadas oficialistas que patrullan con total impunidad, atacando manifestaciones, hostigando a periodistas y sembrando terror en zonas opositoras. Durante las protestas de 2014 y 2017, se documentaron múltiples crímenes cometidos por estos grupos con el consentimiento —o complicidad— de las fuerzas armadas. Son el brazo callejero del poder, reparten miedo a cambio de impunidad.

Haití: los Tonton Macoutes, pioneros del terror civil

Bajo el régimen de François y luego de Jean-Claude Duvalier, los Tonton Macoutes fueron un cuerpo paramilitar creado para intimidar, torturar y asesinar opositores. Con atuendos negros y machetes al cinto, simbolizaban la muerte inminente para todo aquel que se atreviera a alzar la voz. Eran temidos por la población no solo por su brutalidad, sino porque respondían solo al dictador, no a ley alguna. Haití vivió bajo su sombra por décadas, y su huella aún persiste en la memoria colectiva.

Nicaragua: parapoliciales y juventudes sandinistas al acecho

Durante las revueltas de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, el mundo fue testigo del resurgimiento de una vieja táctica: usar civiles armados y encapuchados para reprimir la protesta social. Grupos parapoliciales, coordinados con la policía nacional, atacaron universidades, iglesias y barrios opositores. La Juventud Sandinista, con respaldo estatal, actúa como fuerza de choque en las calles, sembrando miedo e impunidad. Nicaragua se ha convertido en un laboratorio del totalitarismo moderno.

¿Qué tienen en común estos grupos?

1. Impunidad total: No rinden cuentas a la justicia. Son “intocables”.

2. Adiestramiento ideológico: Su lealtad es al líder, no al pueblo.

3. Destrucción del tejido social: Siembra el miedo entre vecinos, amigos y familias.

4. Legalización del terror: El Estado se lava las manos, mientras el terror civil hace el trabajo sucio.

¿Qué nos enseñan estos ejemplos?

Que el totalitarismo no necesita grandes ejércitos cuando logra que los ciudadanos se conviertan en verdugos de sus propios conciudadanos. Esta estrategia —vil, pero eficaz— destruye la libertad desde dentro, bloquea la protesta pacífica, y convierte la participación política en una sentencia de muerte civil (o literal).

Hoy más que nunca debemos rechazar estos modelos autoritarios que disfrazan su represión como “participación popular” o “defensa de la patria”. Los ciudadanos deben protegerse del Estado con la Constitución, no temerle.

¿Estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde el que opina diferente puede ser denunciado, golpeado o asesinado por otro civil con respaldo del gobierno? Si la respuesta es no, entonces es momento de alzar la voz, defender nuestras libertades y no normalizar el miedo como método de gobierno. Sígueme y deja tu comentario.

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Videos de economía

 

1. El sistema de precios explicado por Milton Friedman

2. Inflación

3. Cómo funciona el mercado

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¿Siguen siendo útiles los bloques comerciales como la UE, el Mercosur o la CAN?

 

Quiero reflexionar sobre este tema que es ignorado con frecuencia, pero que le cuesta a nuestros países un montón de dinero en la burocracia dorada. En un mundo cada vez más marcado por la competencia geopolítica, la producción especializada y la digitalización acelerada, vale la pena preguntarse si los bloques comerciales como la Unión Europea (UE), el Mercosur o incluso la Comunidad Andina de Naciones (CAN) siguen siendo herramientas eficaces para el desarrollo económico y la integración regional. La respuesta, aunque compleja, tiende a inclinarse hacia el sí, pero con importantes condiciones que valen analizar.

Ventajas que aún sostienen su vigencia

En teoría, la principal ventaja de un bloque comercial es su capacidad de negociación colectiva. Ningún país por sí solo puede enfrentar con éxito las presiones de gigantes como Estados Unidos o China en los últimos 20 años. La UE, con sus más de 400 millones de consumidores, actúa como una superpotencia comercial. Su estructura le permite negociar tratados ambiciosos, como el Acuerdo de Libre Comercio con Japón o el bloque del Mercosur (aunque aún pendiente de ratificación).

Otra ventaja significativa es la armonización normativa. La UE ha establecido estándares comunes en materia de seguridad alimentaria, protección ambiental, derechos laborales y propiedad intelectual, aunque muchos de ellos no bien recibidos por algunos países miembros. Esto reduce los costos de transacción y aumenta la competitividad, aunque persisten diferencias productivas entre ellos. En América Latina, el Mercosur ha avanzado en algunos aspectos, como el arancel externo común, pero sin alcanzar niveles similares de integración.

Además, los bloques supuestamente permiten respuestas coordinadas ante crisis globales. Durante la pandemia de COVID-19, la UE centralizó compras de vacunas, movilizó fondos conjuntos y buscó proteger su mercado interno. Estas acciones muestran que sirve una integración sólida y funcional, aunque ahora estamos sabiendo que las vacunas fueron un gran fraude que permitió una suerte de ingeniería social que nos confinó en las casas.

El caso latinoamericano: ¿bloques sin fuerza real?

Mientras la UE avanza con mecanismos de integración más profundos, América Latina sigue fragmentada y rezagada. El Mercosur enfrenta importantes desafíos estructurales. Las asimetrías entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay generan tensiones recurrentes. Uruguay ha planteado su derecho a negociar tratados de forma bilateral, lo que debilita la lógica integradora del bloque. A esto se suma la postura del presidente argentino Javier Milei, quien ha criticado abiertamente la lentitud y la ineficiencia del Mercosur, planteando incluso que Argentina debería replantearse su pertenencia si no se adapta a las exigencias del comercio internacional moderno.

Pero aún más llamativo es el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), heredera del Pacto Andino, considerado el proceso de integración más antiguo de América Latina (fundado en 1969). A pesar de sus orígenes ambiciosos, hoy la CAN tiene poca funcionalidad práctica. Aunque subsiste como marco normativo y espacio de diálogo político, su impacto real en el comercio intra-regional es limitado. Las decisiones económicas clave se toman por separado y los países miembros han priorizado acuerdos bilaterales o relaciones con otros bloques, debilitando la razón de ser del organismo.

La CAN ha quedado reducida a un mecanismo declarativo, con pocos logros tangibles en los últimos años, lo que confirma que sin voluntad política y visión estratégica, la integración regional se convierte en un cascarón vacío que sirve para pagar a burócratas dorados.

Desafíos globales que ponen a prueba su utilidad

Hoy, los bloques comerciales enfrentan nuevos desafíos:

1. El auge del proteccionismo: Las políticas arancelarias de Trump, el Brexit, y el desacoplamiento tecnológico entre EE.UU. y China ponen en jaque la idea de un comercio abierto y multilateral.

2. La transición verde y digital: Requiere marcos normativos compartidos, inversión conjunta en infraestructura y políticas de innovación coordinadas según expertos.

3. La fragmentación política interna: A Europa le cuesta mantenerse unida ante la arremetida de países que se niegan a acatar migrantes, políticas verdes contra agricultores y contra industrias de alto consumo de energía. América Latina sigue dividida ideológicamente, dificultando avances significativos en integración real o siempre a la espera que cambie el color del mapa político.

¿Sirven o no sirven?

Desde una perspectiva de economía liberal internacional, los bloques comerciales siguen siendo útiles, pero deben evolucionar. No basta con reducir aranceles: hace falta una visión estratégica compartida, voluntad política, y sobre todo, capacidad de adaptación al nuevo contexto global.

Mientras la UE intenta reforzar su rol global con una agenda verde, tecnológica y autónoma, el Mercosur se estanca por falta de acuerdos internos, y la CAN ha quedado relegada al olvido por su escasa incidencia. La integración regional, para ser efectiva, debe dejar atrás la retórica y asumir un papel más pragmático, competitivo y adaptado al siglo XXI.

Los bloques comerciales caminan a estar obsoletos, y ya no se consideran garantía de éxito. Su relevancia dependerá de su capacidad para dejar atrás los discursos vacíos y asumir una lógica más cooperativa, funcional y orientada al impacto real, algo que por lo pronto no parece alcanzable en países de corriente socialista.

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El precio del petróleo y el frágil equilibrio fiscal del Ecuador

 

Importancia del petróleo en el presupuesto ecuatoriano

El petróleo ha sido históricamente una fuente esencial de ingresos para Ecuador, representando una parte significativa de los recursos fiscales. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que la producción petrolera viene decayendo y enfrenta desafíos en su capacidad de exploración. La producción viene registrando una disminución que en el 2024 llega al 2%, con una producción promedio de 466.895 barriles diarios que incluye producción de empresas privadas y pública, la cifra más baja desde 2020 . Además, el crudo ecuatoriano se comercializa con un "castigo" en el mercado internacional, debido a su calidad y otros factores, lo que significa que se vende a precios inferiores al referencial WTI, con descuentos que oscilan entre $6 y $8 por barril, en otras palabras una reducción de producción solo golpea las finanzas públicas.​

Impacto de la caída en los precios del WTI

Recientemente, el precio del WTI ha experimentado una notable disminución, situándose en $55,76 por barril el 9 de abril de 2025, con incrementos muy por debajo de los $63,7 (ver gráfica) proyectados en el presupuesto nacional . Esta caída se atribuye, en parte, a las tensiones comerciales globales y a la imposición de aranceles entre las principales economías por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Esta situación reduce los ingresos petroleros del país, ampliando el déficit fiscal y limitando la capacidad del gobierno para financiar programas y servicios públicos, por lo tanto, la dependencia al petróleo sigue golpeando la capacidad de gestión del gobierno de turno, sin que hasta ahora entiendan los ambientalistas o los grupos políticos de extrema izquierda que comparten bandera de protesta.​

Ideologías de izquierda y el gasto público

Las corrientes de izquierda siguen promovido políticas de incremento del gasto público para estimular la economía y reducir desigualdades. Sin embargo, en un contexto de ingresos petroleros menguantes, mantener o aumentar el gasto sin fuentes de financiamiento sostenibles puede conducir a déficits fiscales insostenibles y al incremento de la deuda pública. Siguen creándose leyes que hacen que inercialmente suba el nivel de gastos con mucha indisciplina fiscal, nada hacen por entender que esas acciones solo destruyen la economía e hipotecan el futuro del país​

Riesgos para la dolarización

La dolarización, implementada en Ecuador en el año 2000, ha proporcionado estabilidad económica y control de la inflación. No obstante, este sistema limita la capacidad del país para responder a shocks externos mediante políticas monetarias, ya que no puede emitir su propia moneda . La disminución de ingresos por exportaciones petroleras reduce la entrada de dólares al país, esenciales para mantener la liquidez en una economía dolarizada. Si esta tendencia persiste, se podrían generar presiones sobre el sistema financiero y comprometer la sostenibilidad de la dolarización. Por lo que aumentar la IED para exploración y explotación de nuevos campos es vital en un contexto de falta de recursos, no hacerlo, solo cultiva la posibilidad de un caos político y económico.​

Conclusión

La reciente caída en los precios del petróleo presenta desafíos significativos para la economía ecuatoriana, especialmente en términos de financiamiento fiscal y estabilidad macroeconómica. Es imperativo que las autoridades implementen políticas fiscales prudentes, diversifiquen las fuentes de ingresos y promuevan sectores económicos alternativos al petróleo. Solo así es posible garantizar la sostenibilidad fiscal y preservar los logros alcanzados bajo el régimen de dolarización. No hacerlo, solo contribuirá a más diferimientos en la atracción de recursos para explotar la riqueza del subsuelo que es clave para el país.​

¿Crees que Ecuador podrá mantener la dolarización si sigue cayendo el precio del petróleo? ¡Déjanos tu opinión y sigue el blog para más análisis económicos!

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Universidad para todos: el espejismo costoso del populismo educativo

Pocas ideas han calado tan hondo y han hecho tanto daño como la consigna de que “la universidad debe ser para todos”. En apariencia es una propuesta inclusiva, progresista, casi irrefutable. Pero en la práctica, ha sido una de las apuestas más ineficientes y costosas para el Estado y la sociedad. Bajo el amparo de esta lógica, miles de jóvenes terminan en aulas universitarias no por vocación ni por mérito, sino porque el sistema (y la cultura que lo sostiene) les ha hecho creer que esa es la única vía legítima de movilidad social.

La realidad, sin embargo, es otra: según datos del NEC (2024), el 28% de los desempleados del país tienen título universitario. Un dato alarmante que revela no solo la desconexión entre la oferta académica y el mercado laboral, sino también la enorme inversión pública que se desperdicia formando profesionales que no responden a ninguna necesidad real del aparato productivo.

Mientras tanto, sectores clave de la economía (industria, servicios técnicos, logística, tecnología aplicada) padecen una escasez crónica de mano de obra calificada. ¿Por qué? Porque se ha despreciado la formación técnica en favor de una sobrevaloración del título universitario, como si todos tuvieran que ser ingenieros, abogados o comunicadores para tener valor social.

Desde una mirada liberal, esto no solo es un error económico: es una distorsión profunda de los incentivos. En lugar de fomentar libertad de elección, competencia, eficiencia y responsabilidad individual, se ha promovido una falsa igualdad que ignora las preferencias, las capacidades y las demandas del mercado. El resultado: un sistema que produce frustración, subempleo y gasto público improductivo.

La solución no está en cerrar las universidades, sino en redefinir su propósito: deben ser espacios de excelencia, meritocracia y vocación, no centros de distribución de títulos vacíos. Y el acceso debe estar orientado por criterios de desempeño, compromiso y potencial, no por cuotas políticas ni aspiraciones generalizadas que ignoran la realidad del empleo.

Al mismo tiempo, urge reivindicar la educación técnica y tecnológica como un camino válido, eficiente y muchas veces mejor remunerado. Preparar a las personas para satisfacer las demandas reales del mercado no es someterlas, es empoderarlas. Es permitir que el talento y la productividad florezcan donde hacen falta, y no donde los discursos ideológicos los quieren encerrar.

En una sociedad verdaderamente libre, no se impone un modelo único de éxito. Se abren caminos diversos, se respeta la elección individual y se reconoce que el conocimiento útil es aquel que resuelve problemas reales. Hoy más que nunca, necesitamos menos populismo educativo y más libertad para formar, trabajar y decidir con sentido.

Por: Econ. Luis Cedillo-Chalaco, MSc.

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