Cuando el Estado pone precio al salario, pone precio al desempleo

 

En economía, el salario no es un mandato moral ni una dádiva; es un precio más dentro del sistema de mercado que la mayoría de la gente de la política se niega a entender.

Esa es la lección central que Henry Hazlitt recordaba con insistencia y que la intervención estatal tiende a olvidar con consecuencias nefastas entre jóvenes sin empleo.

En esta entrada de Ideas Antizurdos, analizamos cómo los salarios fijados “a dedo” por los gobiernos generan desajustes en el empleo y cómo, en América Latina, el sistema de salario mínimo mensual agrava las distorsiones.

1. El salario como precio: principio fundamental

Hazlitt, en su obra La economía en una lección, afirma que “un salario es en realidad un precio”.

Y como cualquier precio, depende de la oferta y la demanda.

Cuando el gobierno impone un salario por encima del equilibrio natural, se produce un exceso de oferta de trabajo (más personas queriendo trabajar) y una reducción en la demanda de empleo (menos empresas contratando).

El resultado inevitable: desempleo.

Hazlitt advertía que cuando los salarios se fijan artificialmente altos, los empleadores no pueden sostener el costo y recurren a tres opciones:

1️⃣ Despiden personal.

2️⃣ Reducen horas de trabajo.

3️⃣ Sustituyen trabajadores por máquinas.

El empleo no se crea por decreto, sino por productividad y libre intercambio.

2. La particularidad latinoamericana: el salario mínimo mensual

A diferencia de países desarrollados, en América Latina el salario no se mide por hora, sino que se impone como un salario mensual uniforme.

Esta forma de regulación tiene poca o nula base técnica y responde principalmente a decisiones políticas o sindicales.

Problemas principales:

• No refleja productividad por hora.
  Se iguala el pago de trabajos de distinta eficiencia.

• Ignora diferencias regionales.
  El costo de vida en Quito o Buenos Aires no es el mismo que en zonas rurales.

• Desalienta la contratación formal.
  El salario fijo impide ajustes y fuerza a pequeñas empresas hacia la informalidad.

• Afecta a jóvenes y trabajadores con baja productividad.
  Las empresas los excluyen porque no pueden pagar lo que produce su trabajo.

El resultado es paradójico: la ley que dice “proteger al trabajador” termina dejándolo sin empleo o en la informalidad.

3. Por qué el salario mensual agrava la distorsión

En los sistemas donde el salario se paga por hora, el empresario puede ajustar horas de trabajo ante una caída en la productividad.

Pero el salario mensual impuesto no ofrece flexibilidad alguna: el costo se mantiene fijo, aunque caiga la producción.

Esto genera:

• Menor contratación formal.

• Aumento del subempleo.

• Expansión de la economía informal.

• Pérdida de competitividad.

El caso ecuatoriano es emblemático: el salario básico ha crecido sin que la productividad lo acompañe.

El resultado es un salario real artificialmente alto y un mercado laboral que expulsa a los menos calificados.

4. La falta de justificación técnica

En la mayoría de países latinoamericanos, los ajustes del salario mínimo se basan en inflación pasada o criterios políticos, no en productividad ni en análisis sectoriales.

Como señala Mises en La acción humana, toda intervención en el sistema de precios genera descoordinación económica.

El salario político rompe la relación entre producción y remuneración, lo que destruye el proceso natural de ajuste del mercado.

Hazlitt también advierte:

“Los salarios no pueden subir para todos al mismo tiempo a menos que aumente la productividad total. Todo intento de elevarlos por decreto genera paro o inflación.”

5. Igualdad aparente, desigualdad real

El salario mínimo busca igualar, pero termina excluyendo:

• Los más productivos mantienen sus puestos.

• Los menos productivos quedan desempleados o se vuelven informales.

• Las pequeñas empresas desaparecen o se vuelven ilegales.

Así, una medida “social” genera el efecto contrario: menos empleo y más pobreza estructural.

El Estado sustituye el salario bajo por el desempleo alto.

Hazlitt lo resume con precisión:

“Cuando el Estado fija salarios por encima del mercado, sustituye los salarios bajos por el paro.”

6. Conclusión: libertad de precios, libertad de empleo

La experiencia latinoamericana confirma las lecciones de Hazlitt y Mises:

Los salarios fijados políticamente (y en especial los mínimos mensuales sin base técnica) destruyen empleo, reducen la productividad y fomentan la informalidad.

El mercado libre, por el contrario, coordina decisiones individuales mediante precios, incentiva la eficiencia y genera oportunidades reales de progreso.

El verdadero camino hacia salarios más altos no es la imposición estatal, sino más inversión, mejor educación y respeto a la libertad económica.

Como escribió Hazlitt:

“El arte de la economía consiste en mirar no solo los efectos inmediatos, sino los efectos a largo plazo de cualquier política, y no solo a un grupo, sino a todos.”

Fuentes consultadas:

• Hazlitt, H. (1946). La economía en una lección. Instituto Cato.

• Mises, L. von. (1949). La acción humana. Unión Editorial.

• El Cato Institute. (2024). La lección atemporal de Henry Hazlitt: refutando aún hoy las tonterías económicas actuales.

• Liberalismo.org. Leyes de salario mínimo.

• Nueva Revista (2023). Henry Hazlitt: la economía en una lección.

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Hablemos de Genocidios (Armenia el pueblo olvidado y sin Patria)

Mira este video que seguro te impactará. 

 

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¿Cuándo es “genocidio”? Gaza frente a los Balcanes y Armenia

 

En política internacional, pocas palabras cargan tanta potencia moral y jurídica como “genocidio”. No es un adjetivo: es un delito específico definido por la Convención de 1948 como ciertos actos cometidos con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal (matar, causar daño grave, imponer condiciones de destrucción, impedir nacimientos o transferir forzosa de niños). Acaso se puede olvidar la masacre del 7 de octubre en Israel, masacre negada por diversos medios de comunicación y por oenegés de derechos humanos. La clave no es solo la magnitud de las muertes, sino la intención específica (dolus specialis). Esa precisión legal explica por qué algunos episodios están jurídicamente establecidos como genocidio, mientras otros permanecen en disputa o bajo examen.

Casos asentados: Armenia y Srebrenica

Armenia (1915–1917): en la academia histórica existe una amplia y consolidada consideración de que las deportaciones y masacres del Imperio Otomano contra los armenios constituyen genocidio. En los últimos años se ha ampliado el reconocimiento político internacional (por ejemplo, el de EE. UU. en 2021), reforzando el consenso histórico sobre el carácter genocida de aquellos hechos. La disputa persiste con Turquía, pero la literatura especializada y la memoria jurídica-política han cristalizado esta calificación, sin embargo, el dictador turco Erdogan defiende a los genocidas de Hamás y amenaza constantemente a los Armenios. El mundo de los derechos humanos, hace silencio con los armenios será porqué son cristianos.

Srebrenica (1995): aquí no hay ambigüedad judicial. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY/ICTY) condenó por genocidio por la masacre de más de 7.000 varones bosnios musulmanes tras la caída del enclave; la Sentencia de Apelación en Krstić (2004) fijó doctrina y detalles de la intención específica. Es un punto de referencia jurídico: no es un juicio político, sino una calificación penal probada, en este caso, al revés, los medios cubrieron los hechos al ser las víctimas musulmanas.

En ambos casos, por vías distintas (historiografía/ reconocimiento político para Armenia; condenas penales internacionales para Srebrenica), el término ha quedado anclado con alta densidad probatoria y relativa estabilidad semántica.

Gaza: proceso abierto, lenguaje en disputa

Gaza no está jurídicamente “resuelta”. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) conoce el caso Sudáfrica vs. Israel al amparo de la Convención de Genocidio, demandó al estados Judío olvidando la persecución del gobierno racista de Sudáfrica a la minoría blanca. La CIJ no ha declarado que exista genocidio, pero sí ha dictado medidas provisionales (enero de 2024 y órdenes posteriores) ordenando a Israel prevenir actos prohibidos por la Convención y permitir ayuda humanitaria, al estimar plausible el riesgo mientras se resuelve el fondo Esto significa: no hay sentencia sobre el fondo, pero sí alarma jurídica suficiente como para ordenar cautelares.

En paralelo, el saldo humanitario es extremo. La ONU  ha documentado cifras de víctimas y destrucción sin precedentes recientes en el territorio, con desplazamiento masivo y hambre generalizada, según la mirada de los que quieren ver hambre, sin embargo, miles de camiones siguen con comida esperando por el visto bueno de los terroristas de Hamas; los partes de 2025 reportan decenas de miles de muertos y condiciones de vida colapsadas. Reportajes de campo describen devastación urbana casi total en zonas de Gaza, reforzando la percepción pública de catástrofe, con lo que se trata de desconocer la guerra existente en esa zona del mund. También hay pronunciamientos académicos de grupos woke insertados en el mundo de la educación que se prestan a los relatos y mienten con descaro. Israel lo niega rotundamente y defiende que actúa contra Hamas en legítima defensa, cuestionando fuentes y cifras.

¿Qué implica todo esto? Que el uso del término “genocidio” en Gaza no debe ser un concepto en disputa legal y política. El umbral jurídico definitivo depende de probar intención específica; por eso la CIJ pide preservar vidas y pruebas mientras delibera sobre el fondo. En términos estrictos: no es correcto afirmar ni que sea “falso genocidio” (porque el proceso está abierto y hay medidas cautelares), ni que esté “jurídicamente probado” (porque aún no hay sentencia de fondo). Es un terreno sub judice.

¿Por qué tantos creen (o niegan) narrativas extremas?

1. Sesgos motivados: incluso la gente con educación superior no es inmune a la disonancia cognitiva. Usan su capital intelectual para racionalizar lo que ya creen, no necesariamente para refutarlo.

2. Arquitectura de plataformas: los algoritmos premian el engagement, no la veracidad. Las burbujas informativas consolidan “hechos alternativos” y penalizan los matices.

3. Guerra informativa: actores estatales y no estatales despliegan operaciones de influencia. El objetivo no siempre es convencer, sino sembrar duda.

4. Carga emocional: imágenes de gran impacto (niños, hospitales, columnas de desplazados) preceden a la razón; los desmentidos llegan tarde y con menor potencia afectiva.

5. Ambigüedad jurídica: mientras no hay fallo, cada bando “llena” el vacío: unos con el rótulo de genocidio, otros con “falso” o “propaganda”. En Armenia y Srebrenica, la densidad probatoria acumulada reduce ese juego semántico; en Gaza, aún no.

Cómo leer críticamente (y no ser rehén de ningún bando)

• Partir de la definición (Convención 1948) y preguntar: ¿hay actos típicos? ¿y evidencia de intención específica?

• Distinguir foros: resoluciones políticas o de asociaciones académicas no equivalen a sentencias judiciales; ambas importan, pero no pesan igual.

• Seguir el proceso judicial: las medidas provisionales de la CIJ indican plausibilidad de riesgo, no veredicto; vigilar las audiencias, escritos y decisiones futuras.

• Atender a datos humanitarios verificados por la ONU y misiones independientes; reconocer víctimas de todas las partes.

• Recordar precedentes: en Srebrenica, el sello “genocidio” llegó tras un proceso probatorio minucioso; ese es el estándar que evita banalizar la palabra.

Finalmente

La palabra “genocidio” debe usarse con sobriedad: ni vaciarla cuando corresponde, ni inflarla como arma retórica. Armenia y Srebrenica muestran cómo la historia y el derecho pueden converger hasta fijar una verdad pública; Gaza exhibe un presente judicial abierto y una tragedia humanitaria indiscutible. En este interregno, la manipulación informativa prospera: unos sellan como “genocidio” sin esperar prueba de intención; otros lo tachan de “falso” cuado la gente se reproduce aún en conflicto militar. El desafío intelectual —y ético— es pensar contra el propio sesgo y dejar que la evidencia, el derecho y la humanidad marquen el camino.

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La servidumbre subvencionada: manual del parásito social latinoamericano

 

Dr. Armando José Urdaneta Montiel

El gran personaje de nuestra tragicomedia latinoamericana no es ni el héroe libertador ni el empresario visionario, mucho menos el ciudadano responsable que madruga para levantarse temprano a trabajar. No. El protagonista de esta historia es el parásito social latinoamericano, ese individuo que ha perfeccionado el arte de vivir del esfuerzo ajeno mientras grita a los cuatro vientos que es víctima del sistema. Es el ciudadano que exige derechos infinitos, pero desconoce sus deberes elementales; el que quiere subsidios, bonos, pensiones mágicas y toda la lista de regalitos estatales financiados, por supuesto, con el bolsillo ajeno, es decir, por el contribuyente que se rompe la espalda trabajando. Y ahí lo vemos, indignado cuando se habla de reducir el tamaño del Estado, porque ¿qué sería de su existencia sin el “papá gobierno” que le pague hasta la siesta?

Pero el parásito social latinoamericano no actúa solo. Tiene un aliado indispensable: el político de izquierda, esa especie de vendedor de humo profesional que ha hecho de la pobreza su negocio y de la dependencia su estrategia de poder. Es él quien reparte subsidios como caramelos en campaña, quien se rasga las vestiduras hablando de justicia social mientras roba, malversa y se enriquece con la coartada perfecta de ayudar a los pobres. Juntos forman una sociedad perfecta: uno pide, el otro reparte; uno consume sin producir, el otro gobierna sin servir. Y entre los dos han montado un Estado elefantiásico, caro, ineficiente, corrupto, incapaz de generar prosperidad, pero muy eficaz a la hora de multiplicar a los dependientes.

Así ha transcurrido la historia reciente de América Latina: más de medio siglo empantanados en la misma miseria repetida, en la misma trampa populista donde la cultura del subsidio sustituye la del esfuerzo, y donde la dependencia del asistencialismo estatal se celebra como si fuera un derecho humano fundamental. Mientras el mundo avanza con innovación, trabajo y meritocracia, aquí en Latinoamérica seguimos venerando al político de izquierda que promete dádivas y al ciudadano que las reclama como si fueran herencia divina. La región está empobrecida no por falta de recursos, sino porque la riqueza que se produce se devora en sostener a un ejército de parásitos sociales que nunca en su vida han pensado en ser responsables de su propio destino, sino que por comodidad se lo delegan al político oportunista de turno.

Lo verdaderamente patético ocurre cuando un líder genuino y visionario osa proponer una reforma seria, cuando se sugiere achicar al Estado para dejar respirar a la iniciativa privada. Entonces, como un coro de cortesanas profesionales, aparece la jauría del “pueblo organizado” gritando que los quieren dejar desamparados, sin asistencia, sin subsidios, sin ese plato de comida que nunca produjeron pero que exigen como si fuera herencia divina. Porque claro, asumir la propia vida, trabajar, producir, ahorrar, crear riqueza, educarse y progresar… eso es una herejía. Mucho más cómodo es que otro pague la fiesta.

Entonces el guion se repite hasta el hartazgo: sale el político de izquierda, ese preconizador de discursos vacíos, prometiendo lo que no tiene, regalando dinero que no existe, endeudando al país hasta la médula, devaluando la moneda, reventando las cuentas públicas, destruyendo los incentivos al trabajo y premiando la dependencia estatal. Y la multitud lo aplaude de pie, como si se tratara de un mesías, sin comprender que lo único que hace es cavarles la tumba económica en nombre de su bienestar. Y allí siguen, felices en su miseria subvencionada, fieles parásitos sociales, convencidos de que ser mantenidos es sinónimo de dignidad, cuando en realidad es la mayor de las servidumbres postrados en la miseria.

Esa es la gran tragedia latinoamericana: el círculo vicioso entre el consumidor parásito y el político de izquierda, corrupto y distribuidor de la miseria, entre el ciudadano que exige que lo mantengan y el político que lo mantiene para beneficiarse él. Y mientras no rompamos ese pacto de dependencia, mientras no dejemos de venerar al parásito social latinoamericano y al político populista de izquierda, seguiremos siendo exactamente lo que hemos sido por sesenta años: un continente con un potencial gigantesco condenado a ser la caricatura de sí mismo, un eterno laboratorio de promesas rotas donde la prosperidad se sacrifica en el altar del subsidio y la riqueza se entierra para alimentar a los dependientes.

La crítica del Dr. Urdaneta puede ser dura, pero invita a reflexionar: si queremos una América Latina distinta, debemos dejar atrás la dependencia y apostar por la responsabilidad, el esfuerzo y la innovación. El verdadero cambio comienza cuando cada ciudadano decide ser protagonista de su propio destino y no un espectador de promesas vacías.

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Universidades bajo dogma: la amenaza a la libertad

En los últimos años ha crecido la preocupación acerca del adoctrinamiento con ideologías de ultraizquierda y corrientes “woke” dentro de aulas secundarias y universitarias. Cuando la escuela o la universidad dejan de ser espacios para la exposición plural de ideas y se convierten en vehículos de propaganda, la democracia, la libertad individual y el mérito sufren daños profundos.

A continuación, reviso los perjuicios, las falacias que circulan en redes sociales, los efectos sobre la meritocracia y cómo movimientos violentos como ANTIFA, junto con ejemplos extremos ocurridos en Europa, muestran hasta dónde puede llegar la intolerancia cuando se legitima la radicalización ideológica.

Riesgos del adoctrinamiento ideológico

Reducción del pensamiento crítico

El objetivo esencial de la educación es desarrollar criterio propio. Sin embargo, cuando una asignatura se orienta a una única visión del mundo (marxismo cultural, teorías identitarias o poscoloniales) y desestima otras perspectivas, el aula se transforma en cámara de eco. El estudiante deja de cuestionar y aprende a repetir.

Polarización social

Dividir el mundo en “opresores vs. oprimidos” o “privilegiados vs. víctimas” es una estrategia didáctica común en el discurso extremista. Esa simplificación puede ser efectiva como propaganda, pero polariza a la sociedad y extiende resentimientos que luego se reflejan en protestas radicales o enfrentamientos en redes sociales.

Cultura de cancelación

La hegemonía ideológica crea un ambiente hostil: profesores y estudiantes que discrepan pueden ser marginados, señalados o “cancelados”. El miedo a expresar opiniones reduce el debate abierto y normaliza la autocensura.

Devaluación del mérito académico

El mérito académico deja de medirse en rigor y calidad y pasa a depender de la adhesión a la ortodoxia. Así, la meritocracia se derrumba: no triunfa el más capaz, sino quien mejor repite el discurso dominante.

La meritocracia debilitada por la masificación ideológica

La meritocracia ideal supone igualdad de oportunidades, pero cuando la masificación educativa impone criterios ideológicos obligatorios, competir ya no es demostrar talento o esfuerzo, sino mostrar conformidad.

Filósofos como Michael Sandel han criticado que la meritocracia se ha convertido en una justificación del privilegio. Si a eso añadimos un sesgo ideológico obligatorio, el sistema deja de seleccionar a los más preparados y comienza a premiar la militancia. Es un “mérito político” disfrazado de mérito académico.

En redes sociales, esto se evidencia en campañas donde lo importante no es la calidad del argumento, sino la “pureza ideológica” del emisor: profesores que acumulan seguidores no por su investigación, sino por repetir consignas de moda, o estudiantes que son reconocidos no por logros académicos, sino por activismo agresivo.

Movimientos violentos: el caso de ANTIFA

Una muestra de las consecuencias prácticas del adoctrinamiento es el apoyo tácito de sectores universitarios a grupos radicales como ANTIFA. Nacido como un movimiento autodenominado “antifascista”, en la práctica ha protagonizado episodios de violencia, destrucción de propiedad pública y privada, y ataques a opositores ideológicos en Europa y Estados Unidos.

Lo preocupante es que en varios campus universitarios se minimizan estas acciones, justificándolas bajo la narrativa de “resistencia contra la opresión”. Esto crea un precedente grave: se tolera la violencia política siempre que provenga de la izquierda radical.

Las protestas que terminan en incendios de comercios, destrucción de monumentos o ataques a la policía se maquillan como “manifestaciones legítimas”. De esa manera, la convivencia social se erosiona: la violencia deja de ser condenada y pasa a ser celebrada en nombre de una supuesta justicia social.

Europa: cuando la intolerancia llega al asesinato

El fenómeno no se limita a cancelaciones o a protestas violentas. En Europa se han registrado casos trágicos de profesores asesinados por expresar opiniones consideradas “ofensivas” por grupos radicales.

El ejemplo más emblemático es el de Samuel Paty, profesor francés decapitado en 2020 por mostrar caricaturas de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. Este crimen, cometido por un extremista islamista, fue precedido por campañas de linchamiento en redes sociales, muchas de ellas alentadas por sectores ideologizados que confundieron la crítica académica con un ataque cultural.

En paralelo, profesores en Alemania, España y el Reino Unido han denunciado amenazas y hostigamiento por cuestionar dogmas relacionados con ideologías de género, migración o la llamada cultura woke. Algunos incluso han debido abandonar la docencia o acogerse a protección policial.

Estos hechos confirman que la universidad, cuando no protege la libertad académica, puede convertirse en terreno fértil para la censura violenta. No es exagerado afirmar que del adoctrinamiento al fanatismo hay un paso corto, y del fanatismo a la violencia, otro más corto aún.

Falacias más usadas en redes sociales

Falacia	Ejemplo en debates online
Hombre de paja	“Criticas ANTIFA porque apoyas al fascismo.”
Apelación a la emoción	“Si no apoyas nuestra protesta radical, eres insensible al sufrimiento de las minorías.”
Silencio selectivo	Bloquear o eliminar toda crítica, etiquetándola como “odio” o “discurso violento”.
Carga de la prueba invertida	Se exige demostrar inocencia de prejuicios, en vez de probar las acusaciones.
Generalización apresurada	“Todos los conservadores son opresores”, “todo cuestionamiento es racismo”.

Cómo defender una educación libre y plural

1. Libertad académica garantizada, sin sesgos ideológicos institucionales.

2. Pluralidad curricular: lecturas y debates desde distintas corrientes de pensamiento.

3. Criterios de evaluación transparentes, basados en la calidad, no en la militancia.

4. Formación en lógica y falacias, para inmunizar a los estudiantes contra la manipulación.

5. Rechazo institucional a la violencia política, sin excusas ideológicas.

El adoctrinamiento no solo degrada la meritocracia, también pone en riesgo la convivencia social al legitimar movimientos violentos como ANTIFA y, en casos extremos, al justificar un clima donde profesores pueden ser amenazados o incluso asesinados, como ocurrió en Europa.

No se trata de negar injusticias históricas o actuales, sino de rechazar que la respuesta sea imponer un dogma único y justificar la violencia política. La universidad debería ser un espacio de debate abierto, donde se enseñe a razonar y no a obedecer consignas. La sociedad necesita jóvenes preparados para dialogar y construir, no para dividir y destruir.

👉 ¿Quieres aportar experiencias sobre adoctrinamiento o cancelación en universidades? Déjalo en los comentarios y hagamos visible lo que muchos callan.

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La falacia de la ventana rota y los seudo movimientos sociales en América Latina

 

En la economía existe una enseñanza fundamental que desmonta muchos de los discursos populistas disfrazados de “protesta social”: la falacia de la ventana rota, planteada por Frédéric Bastiat en el siglo XIX. El ejemplo es sencillo: un niño rompe una ventana y todos creen que eso dinamiza la economía porque el vidriero ganará dinero al repararla. Sin embargo, lo que se olvida es que el dueño de la ventana pierde recursos que podría haber invertido en otra cosa productiva. El resultado no es progreso, sino la simple redistribución de la riqueza con un costo social negativo.

En América Latina, este principio cobra vida en las acciones de ciertos seudo movimientos sociales que justifican quema de bienes públicos, destrucción de infraestructura o paralizaciones como si fueran actos revolucionarios que conducirán a los países a superar el subdesarrollo. La realidad es exactamente lo contrario: se trata de actos de autodestrucción económica y social que frenan la inversión, limitan el empleo y profundizan la pobreza.

El caso de Colombia

En Colombia, las protestas del año 2021 derivaron en bloqueos de carreteras, ataques a estaciones de transporte y saqueos. Quienes defendían estas acciones sostenían que al reconstruir lo dañado se “movilizarían recursos”, como si el gasto en reponer buses incendiados o puentes afectados fuese sinónimo de crecimiento. En la práctica, los costos superaron los 3.1 billones de pesos, cifra que pudo haberse invertido en programas sociales, hospitales o infraestructura productiva. El país perdió días de exportación, el comercio interno se paralizó y miles de familias vieron reducirse sus ingresos. Tal como en la ventana rota, lo que parecía “movimiento económico” fue en realidad destrucción de capital.

Chile y la ilusión de la violencia como motor de cambio

Chile vivió un estallido social en 2019 que dejó estaciones de metro quemadas, monumentos destruidos y pérdidas estimadas en más de 5 mil millones de dólares. La narrativa justificaba el vandalismo como “expresión legítima del pueblo”. Pero la consecuencia fue que la confianza de inversionistas cayó abruptamente, el turismo se desplomó y el gasto público se desvió hacia reparaciones. La violencia no resolvió las desigualdades, sino que acentuó la precariedad en miles de familias que dependían del transporte público y de empleos en sectores afectados. Nuevamente, el principio de Bastiat se confirma: destruir no es crear, es simplemente redistribuir pérdidas.

Ecuador y las paralizaciones de la CONAIE

Ecuador es un ejemplo paradigmático. En las paralizaciones lideradas por la CONAIE en 2019 y 2022, se bloqueó el transporte, se impidió el acceso a ciudades y se destruyó infraestructura pública y privada. El discurso era que esas acciones abrirían un camino hacia un país más justo. Sin embargo, la economía perdió más de 1.1 mil millones de dólares en 2019 y cerca de 775 millones en 2022. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más golpeadas: negocios cerraron, agricultores no pudieron vender su producción y miles de trabajadores quedaron desempleados temporalmente. Lo más grave es que, mientras se reparaban los daños, se dejaron de lado inversiones en educación, salud y desarrollo productivo.

El círculo vicioso del subdesarrollo

Los defensores de estas acciones creen que “visibilizar” la protesta con violencia forzará cambios estructurales. Lo que en realidad ocurre es un círculo vicioso: se destruye capital, se reduce la productividad, se desincentiva la inversión y se ahuyenta la confianza. Esto genera más pobreza, más desigualdad y más dependencia de subsidios. Los países quedan atrapados en el subdesarrollo porque sus recursos no se destinan a innovar ni a crecer, sino a reparar lo que nunca debió romperse.

Reflexión final

La falacia de la ventana rota nos enseña que la economía no mejora con destrucción. Ningún país puede progresar quemando buses, destruyendo metros o bloqueando carreteras. El verdadero progreso se alcanza fomentando la inversión, creando empleos dignos y apostando por la innovación. Los seudo movimientos sociales que promueven la violencia no liberan a los pueblos, los condenan a repetir errores que generan atraso y desesperanza y muestran su verdadera intención, tumbar gobiernos que no ceden a las pretensiones, para poner aliados de izquierda que terminan haciendo retroceder más a los países.

Los ciudadanos debemos aprender a distinguir entre la protesta legítima y la violencia disfrazada de justicia social. La primera construye diálogo y propuestas, la segunda rompe ventanas y obliga a todos a pagar la factura del caos.

👉 ¿Y tú qué opinas? Comparte tu experiencia y deja tu comentario abajo. La discusión responsable también construye futuro.

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Regímenes socialistas: cómo las élites viven en lujos mientras manipulan a las masas

 

En la historia reciente de América Latina, varios regímenes que se autoproclaman socialistas, comunistas y progresistas han levantado la bandera de la igualdad, la justicia social y la defensa del pueblo frente al capitalismo. Sin embargo, una mirada crítica y objetiva revela una contradicción insalvable: mientras la mayoría de la población subsiste con salarios miserables, desabastecimiento y precariedad, las élites gobernantes y sus familias disfrutan de vidas de privilegio, viajes exclusivos y lujos que niegan en el discurso público.

Venezuela, Cuba y Nicaragua son ejemplos claros. En Venezuela, el salario mínimo equivale a apenas unos dólares al mes, mientras los hijos de dirigentes son vistos en fiestas privadas, restaurantes de lujo o conduciendo automóviles deportivos alrededor del mundo. En Cuba, los altos mandos del Partido gozan de residencias y privilegios inaccesibles para los ciudadanos comunes en los famosos Cayos. En Nicaragua, la familia Ortega-Murillo concentra poder político y económico, mientras cientos de miles de nicaragüenses emigran en busca de subsistencia. La paradoja es evidente: el discurso de igualdad termina creando nuevas élites aún más opacas que en muchos sistemas democráticos.

El poder y las masas: de Ortega y Gasset a Freud

Para comprender cómo estas contradicciones se sostienen, es útil revisar teorías sobre el comportamiento colectivo y la manipulación política. José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas (1930), advertía que el “hombre-masa” tiende a delegar su pensamiento crítico, conformándose con aceptar un relato colectivo impuesto. Esta pasividad permite que líderes con discursos mesiánicos se presenten como encarnaciones del pueblo y su destino, los clásicos mensajes de los ricos odian a los pobres.

Sigmund Freud, en Psicología de las masas y análisis del yo (1921), explicó que las multitudes transfieren su energía emocional a una figura de autoridad. Este vínculo afectivo con el líder refuerza la obediencia y dificulta el cuestionamiento racional. Así, los regímenes socialistas de corte autoritario logran mantener fidelidad a pesar de la incoherencia entre discurso y práctica.

Le Bon, Canetti y Arendt: la fuerza y el peligro de las multitudes

Ya a finales del siglo XIX, Gustave Le Bon en Psicología de las multitudes (1895) señaló cómo los individuos pierden racionalidad al integrarse en masas, convirtiéndose en presa fácil de emociones colectivas. Esta idea fue tan influyente que inspiró a líderes políticos del siglo XX en la construcción de sus estrategias de propaganda, mentir y mentir hasta el cansancio usando medios afines.

Elias Canetti, en Masa y poder (1960), añadió que la masa busca la igualdad interna, pero paradójicamente permite la concentración de poder en líderes que administran símbolos y rituales. En contextos como Cuba o Venezuela, los actos multitudinarios, desfiles y consignas cumplen esa función simbólica de cohesión.

Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo (1951), fue más allá: las masas atomizadas y desarraigadas, privadas de un proyecto de vida propio, son el terreno ideal para el totalitarismo. Cuando la desesperanza se combina con discursos redentores, los ciudadanos aceptan sacrificios interminables en nombre de un futuro prometido que nunca llega.

Manipulación moderna: medios y propaganda

El control de las masas no solo se sostiene en discursos tradicionales, sino también en estrategias modernas. Noam Chomsky y Edward Herman, en Manufacturing Consent (1988), mostraron cómo los medios pueden convertirse en un aparato de propaganda al servicio de élites políticas y económicas. En los regímenes socialistas autoritarios, esto se traduce en censura, manipulación informativa y repetición sistemática de consignas. Venden la idea ahora, que las redes sociales contaminan la mente de las personas. Claro, cuando las redes difunden el discurso del tirano están bien, el detalle es que ahora los desnuda en poco tiempo y muestra la corrupción en familiares y dirigentes de todo nivel.

Janó García, en La Gran Manipulación (2020), explica en un lenguaje divulgativo cómo los populismos contemporáneos se apoyan en la posverdad y el miedo para idiotizar al votante, debilitando su capacidad crítica y convirtiendo la obediencia en una forma de supervivencia política.

El discurso mesiánico y la manipulación

Estos regímenes suelen sostenerse sobre cuatro pilares de manipulación de masas:

1. Control de la información: se limita el acceso a datos objetivos y se monopoliza el discurso oficial.

2. Creación del enemigo externo: se atribuyen los problemas económicos a potencias extranjeras, sanciones o conspiraciones.

3. Privilegios selectivos: se otorgan beneficios a los seguidores más leales, creando dependencia.

4. Narrativa mesiánica: el líder se presenta como salvador histórico, encarnación de la patria y guía espiritual.

De esta forma, mientras el votante común se hunde en la pobreza, las élites consolidan sus privilegios en silencio.

Pensamiento crítico como antídoto

Las teorías de Le Bon, Freud, Canetti, Arendt, Ortega y Gasset, Chomsky y Janó García coinciden en un punto esencial: las masas son manipulables cuando renuncian a la crítica individual y delegan su futuro en líderes providenciales. La paradoja de los regímenes socialistas autoritarios es que, en nombre de la igualdad, perpetúan desigualdades extremas.

La lección es clara: frente al discurso mesiánico y a la manipulación, la herramienta más poderosa del ciudadano es el pensamiento crítico que debe crearse desde las escuelas y afirmarse en las universidades. Cuestionar, contrastar información y rechazar la obediencia ciega es el primer paso para impedir que las masas sean utilizadas como instrumento de poder y para exigir coherencia entre las promesas de igualdad y la realidad de los pueblos.

¿Qué opinas de estas contradicciones entre discurso y realidad en los regímenes socialistas, comunistas y progres?
👉 Déjame tu comentario abajo y comparte tu punto de vista. La conversación se enriquece con cada voz crítica que se suma.

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