¿Estado empleador o parásito fiscal? El caso Ecuador y la lección global sobre la obesidad burocrática

 

La reciente decisión del presidente Daniel Noboa de reducir el tamaño del Estado ecuatoriano ha sacudido el avispero ideológico de siempre. El anuncio de la eliminación de 6 ministerios y varias secretarías, junto con la desvinculación de 5.000 empleados públicos, ha sido interpretado por la izquierda como una agresión social. Pero ¿es realmente una agresión o simplemente un acto de responsabilidad fiscal largamente postergado?

Durante años, Ecuador ha cargado con un aparato estatal hipertrofiado, herencia del correísmo, que multiplicó ministerios, secretarías y empresas públicas con un fin más político que técnico. En 2006, el gasto en salarios públicos era de aproximadamente $3.000 millones. Diez años después, esa cifra superaba los $9.000 millones, y el número de funcionarios estatales rondaba los 500.000. Todo financiado con deuda, petróleo y un impuesto confiscatorio al sector privado.

Mientras el ciudadano productivo luchaba por mantener su negocio a flote, el burócrata correísta disfrutaba de estabilidad, bonos, feriados, y cero exigencias de rendimiento. El resultado: un Estado ineficiente, caro, politizado y desconectado de la realidad del mercado.

Casos internacionales: la burocracia como veneno económico

Ecuador no está solo en esta tragedia.

1. Argentina: el Estado argentino emplea directamente o indirectamente al 50% de su población económicamente activa en algunas provincias. El exceso de burocracia ha hecho imposible sostener un superávit primario. Resultado: inflación crónica, pobreza estructural y colapso de servicios públicos.

2. Grecia (crisis 2008–2015): el sector público creció descontroladamente desde los años 80. Cuando llegaron las crisis de deuda, Bruselas obligó a despidos masivos. El desempleo se disparó y el país se vio obligado a una terapia de shock. El Estado griego consumía más de 50% del PIB, sin una productividad acorde.

3. Venezuela: ejemplo extremo. El Estado controla más del 90% de la economía. El resultado no es justicia social, sino destrucción del mercado, hiperinflación y migración masiva. La “seguridad laboral” en el sector público ha servido para sostener una dictadura, no para construir una nación.

En todos estos casos, la lógica es la misma: un Estado gordo termina ahogando la economía, destruyendo el incentivo al trabajo, al emprendimiento, y a la inversión.

El verdadero costo de mantener burócratas inútiles

Cada burócrata innecesario es un subsidio disfrazado. En vez de construir hospitales o invertir en tecnología, el dinero de los contribuyentes se va en pagar sueldos a miles de personas cuya única productividad es repetir discursos ideológicos o llenar formularios inútiles.

No se trata de despreciar al servidor público honesto. Se trata de eliminar el exceso: los cargos duplicados, las consultorías fantasmas, las unidades sin función, las empresas públicas quebradas. Se trata de decir basta al Estado como agencia de colocación de los partidos políticos.

Cada dólar que se va en burocracia es un dólar menos para seguridad, educación o infraestructura.

Noboa y el comienzo del cambio

¿Podría haberse hecho de manera más ordenada? Tal vez. Pero el fondo es correcto: adelgazar al Estado es urgente y necesario. No se puede sostener por más tiempo un sistema donde el que produce está asfixiado y el que no produce está protegido.

La reacción zurda a esta medida es reveladora: ellos no quieren un Estado eficiente, quieren uno que reparta empleos, subsidios y narrativa. Quieren poder vivir del Estado, no servir al ciudadano. Eso no es justicia social, eso es parasitismo estatal.

Noboa ha abierto una puerta que no debe cerrarse: la de discutir con madurez el tamaño óptimo del Estado, su función y su relación con el mercado. No es un debate técnico, es ético. ¿Debe el Estado estar al servicio del ciudadano o al servicio del partido?

Preguntas para reflexionar y comentar:

• ¿Cuántos ministerios necesita realmente un país para funcionar?

• ¿Quién debe pagar por un Estado que no mejora los servicios?

• ¿Es la estabilidad laboral un derecho o un privilegio si no hay productividad?

• ¿Cuándo entenderán los zurdos que el dinero no nace del Estado?